Desde la década de los ‘70 han sido los numerosos científicos quienes han denunciado los efectos nocivos que las actividades humanas estaban causando al medio ambiente. Sin embargo, no es hasta muy recientemente que los gobiernos y las entidades supranacionales están haciendo los deberes al respecto.
Entendemos, como veremos a continuación, que han sido mucho los intereses que evitaban que esto sucediera, como el que hoy se han hecho eco los noticieros tras la pérdida de poder del sector ambiental en Estados Unidos
Celebramos que la Comisión Europea acaba de el borrador de una nueva Ley de Restauración de la Naturaleza (día 22 de junio) que será un paso clave para recuperar la naturaleza en todos los países miembros. Su objetivo es reparar el 80% de los hábitats que se encuentran en malas condiciones ambientales para devolver la naturaleza a todos los ecosistemas, incluidos los bosques, las tierras agrícolas, los ecosistemas marinos y los entornos urbanos.
La propuesta, que adopta la forma de un borrador de reglamento, definiendo una serie de conceptos clave y establece objetivos jurídicamente vinculantes para la restauración de la naturaleza para el año 2050.
Esta norma contribuirá a garantizar la resiliencia y la seguridad del suministro de alimentos en la Unión Europea y – por tanto -, en todo el mundo.
Y esto significa que los Estados miembros tendrán que construir sus propios planes nacionales de restauración y llevar a cabo el trabajo necesario para identificar las medidas de restauración necesarias para cumplir con los objetivos y obligaciones.
Como no podía ser de otra forma, la Ley de Restauración de la Naturaleza, se aplicarán a todos los Estados miembros objetivos jurídicamente vinculantes para la restauración de la naturaleza en diferentes ecosistemas que complementarán la legislación vigente.
Como mostró el informe presentado por la organización conservacionista WWF, la recuperación de los espacios naturales degradado favorecería la absorción de alrededor de trescientos millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Supone la cantidad equivalente a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de España.
Según la prensa, el proyecto ha tenido sus barreras, ya que hay entidades que querían rebajar sus restricciones, lo que ha generado un continuo aplazamiento de la presentación del borrador.