¿Los agricultores apoyan las políticas de adaptación al cambio climático?

La comprensión de la percepción de la ciudadanía, en este caso de los agricultores, es un factor esencial para el desarrollo de normativas y estrategias frente a la lucha contra el cambio climático.

Y es aquí donde una investigación llevada a cabo por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Alcalá, centra la atención hacia las políticas de ahorro de agua frente al cambio climático.

Ésta se centra en los agricultores, a los primeros a quienes afecta negativamente la ausencia de agua dulce, más aún ante las previsiones (escenarios) futuras donde se prevé una reducción significativa de éstas. Por tanto, conocer cuál es su percepción y realidad ante los futuros acontecimientos es fundamental para desarrollar los planes que les afectan.

Para ello, los investigadores se centraron en el caso de estudio de los arrozales de la provincia de Sevilla (municipios de Aznalcázar, Dos Hermanas, Isla Mayor, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Puebla del Río y Utrera). 

Allí se realizó una encuesta aleatoria a 117 ciudadanos del entorno (ver las. preguntas y respuestas más abajo). Las preguntas estaban relacionadas con la adaptación de los arrozales al cambio climático y las políticas de adaptación, para analizar la forma el apoyo de los individuos a las políticas variaba en función de sus motivaciones o limitaciones (barreras).

Resultados de la investigación

Es recomendable que los resultados extraídos de la investigación sean directamente consultados en el artículo de investigación. No obstante, nos permitimos hacer aquí un breve resumen.

En primero lugar, se afirma que el apoyo está ligada a las motivaciones y barreras de los ciudadanos; y a su vez las motivaciones y barreras están en función de las características sociales y poblacionales. 

Aquellas personas con alto apoyo a las políticas tienen un perfil masculino, jóvenes y con mayor nivel educativo. Las perfiles con mayor preocupación frente al cambio climático fueron las mujeres y los más jóvenes. 

Un hito importante a destacar es la relación inversa entre la economía y el apoyo a las políticas. Es decir, “cuanto mayor sea la pérdida económica, menor será el apoyo a las políticas”. 

Y sin embargo, la relación entre el cambio climático y las políticas están altamente relacionadas: “a mayor preocupación por el cambio climático, mayor apoyo a las políticas de adaptación”

Un problema extrapolable

Aunque si bien es cierto que la población encuestada es relativamente baja, aunque representativa estadísticamente, y aplicada a una uso de suelo y un espacio geográfico concreto; la ausencia de agua en el agro se puede extrapolar al conjunto del espacio agrario mediterráneo.

Para adentrarnos en el problema debemos recordar, como apunta Leandro Del Moral, catedrático de Geografía Humana y uno de los promotores de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que la explotación de lluvia y acuíferos – en estos espacios – comienza en los años 80 para aumentar la producción del riego en olivares; extrayéndose cada más agua hasta llegar a generar graves impactos. Entre ellos, la ampliación de los regadíos “al margen de la ley”.

Y esta acción, junto a los nuevos escenarios de cambio climático están generando alarmas, como la realizada el pasado 3 de agosto por el secretario de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), quien aseguraba en prensa (enlace) que la ausencia de lluvias podría ocasionar en verano podría provocar una pérdida de 500 millones de euros. 

Pero a pesar de eso, la tendencia hacia la implantación de regadío es creciente, como ha sido el debate encontrado entre el gobierno de la comunidad y las asociaciones ecologistas, los partidos de la oposición, la Comisión Europea el Gobierno nacional, la UNESCO, sociedades científicas (enlace) y cadenas de alimentación europeas y comercializadoras (enlace); ya que los primeros habían desarrollado dos propuestas de Ley para “aumentar” el cultivo de regadío en el área de Doñana. Según comenta el gobierno andaluz, se trata de ofrecer una seguridad jurídica a los agricultores que han estado hasta el momento sin amparo legal.